Desapariciones, entre la indefensión de las familias y la impunidad del crimen

  • En México, más de 79,000 personas están desaparecidas. De estas, 2,482 eran de Puebla, donde la cifra de mujeres sin localizar es mayor que la de los hombres.

Como parte de los 16 días de activismo posteriores al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Universidad Jesuita celebró el conversatorio Dolor, resistencias y horizontes de esperanza donde académicas, activistas y familiares de víctimas realizaron undiagnóstico del presente nacional en materia de desapariciones.

Los tratados internacionales y las constituciones no conceden derechos, los reconocen. Estas garantías fueron ganadas en las calles a través de la lucha y la protesta civil. “Todo inició con la Declaración Universal, donde se refleja el acuerdo mínimo de reconocer ciertos derechos”, indicó Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos eran concebidos como el límite a la acción del Estado. Hoy, los Estados son entendidos como organismos garantes de dichos principios, lo que los obliga a proteger a la ciudadanía de los abusos por parte de los sujetos no estatales, así como prevenir que estas conductas ocurran en primer lugar.

Cualquier persona que no puede disfrutar estos derechos elementales no tiene una vida compatible con la dignidad humana. Cuando no se tiene acceso a servicios de salud, educación, justicia, seguridad económica y alimentaria, se niegan derechos reconocidos internacionalmente y, últimamente, el derecho a una vida digna.

En la actualidad, las demandas se centran en exigir la vigencia efectiva de los derechos ya reconocidos internacionalmente. En muchos países, quienes participan en las manifestaciones que demandan estas condiciones de vida son estigmatizados y perseguidos por los poderes.

La pandemia de la COVID-19 hizo más evidente las desigualdades en nuestra región. Ante este contexto, los derechos humanos deben ser el eje de la recuperación de las naciones. “No debemos regresar a la situación anterior. Debemos construir un nuevo escenario donde nadie quede atrás”, concluyó Fernández-Maldonado Castro.

Letra muerta

En casos de desaparición, es común escuchar el discurso que minimiza la problemática bajo el entendido de que las personas que se ausentan de sus hogares lo hacen por decisión propia. Esto no solo afecta gravemente a las víctimas, sino a sus núcleos familiares.

Así lo apreció María Luisa Núñez Barojas, integrante del colectivo Voces de los desaparecidos en Puebla, para quien las leyes son letras muertas en contextos donde no se garantiza la protección a los derechos humanos y, predomina una preocupante retórica de encubrimiento.

Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, los familiares se ven obligados a realizar las búsquedas de manera independiente, lo que supone poner en riesgo su solvencia económica y cargar con el impacto psicológico, emocional y espiritual propio de esta zozobra. “Cuando se llevan a nuestros familiares nos arrancan la vida. También tenemos derecho a ser felices. El Estado no nos ve porque no quiere”, denunció.

Las voces y rostros de las familias han sido fundamentales para impulsar las acciones gubernamentales. “Tenemos que seguir avanzando en un contexto de crisis de desaparición forzada y la poca respuesta de un Estado indolente que ha creado diversas irregularidades”, afirmó Sofía de Robina Castro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

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“Conocemos los protocolos cuando escuchamos a familiares que compartimos un mismo dolor. La desesperación de no saber de nuestros hijos es algo sin importancia para las autoridades”: Luz María Nieto Granados.

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Para la activista, la organización civil y el acompañamiento a familias y colectivos tiene una relevancia fundamental, pues permite mantener la pugna por la justicia en casos específicos que visibilizan las carencias institucionales. Reivindicó también el valor del cuidado interpersonal y la colaboración con sectores académicos como fortalezas de estos movimientos.

Centro Prodh busca apoyar a las personas con mecanismos que puedan aplicar por cuenta propia en su búsqueda de verdad y justicia. En su informe Nos llaman las locas de las palas, relatan las experiencias de nueve mujeres que se han convertido en sus propios ministerios públicos y dan cuenta de los impactos de este fenómeno en materia física y emocional.

De igual manera, han ofrecido manuales para organizar expedientes de búsqueda para mitigar el sesgo entre el lenguaje civil y el jurídicoy acercar a las personas al ejercicio del derecho para usarlo a su favor. Dicha guía será complementada con un taller en línea.

Para las personas ajenas a la ciencia jurídica como Luz María Nieto Granados, integrante de Voces de los desaparecidos en Pueblainvolucrarse en el ejercicio de derechos puede convertirse en un calvario adicional a la tragedia que acompaña la desaparición de un ser amado.

En México, tres de cada cuatro personas desaparecidas son hombres. Además, a ellos se les localiza sin vida con mayor frecuencia que a ellas. Por otro lado, la lógica en la desaparición de mujeres se vincula con la trata de personas (en muchos casos, con fines de explotación sexual), mayoritariamente de mujeres entre 10 y 24 años.

Libertad Arguello Cabrera, académica del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, aterrizó el fenómeno en el contexto estatal. En 2013, Puebla sobrepasó el número de mujeres desaparecidas con respecto a los varones. En concreto, explicó, dos municipios son clave en este fenómeno: Puebla capital y Tehuacán.

Las personas no desaparecen por sí solas; hay un entramado de redes que apoyan las dinámicas de trata y desaparición, particularmente de mujeres. Estas ciudades han vivido un proceso de urbanización acelerada. Además, la cercanía con Tlaxcala (donde proliferan las redes de trata de mujeres), la inmobiliaria y la complicidad entre el sector público y privado contribuyen a la impunidad de estos crímenes.

Del mismo modo, Arguello Cabrera destacó que la raza es clave para entender cómo se difunden las fichas de búsqueda: las mujeres de tez blanca son más buscadas que las indígenas o de piel morena. Así, llamó a cuestionar la normalización del machismo, racismo y clasismo, entendidas como problemáticas que se interpelan entre sí.

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