DESPENSA-GATE: NO HAGAS COSAS BUENAS QUE… ¡PEREZCAN ANTES DE LA REPARTIDERA!

👉 Un video publicado a través de Facebook, el pasado jueves 6 de mayo, encendió las alarmas de las autoridades electorales, no sólo a nivel local, sino también en el ámbito estatal y nacional (periódicos como LA JORNADA Y REFORMA hicieron eco de la misma información). ¿El motivo? ¡Más de 10 mil despensas fueron descubiertas en una bodega ubicada al interior de la histórica Fortaleza de San Carlos en la ciudad de Perote!

En el video aparece el diputado local por MORENA, Adrián González Naveda, quien, con documento en mano, solicita la presencia inmediata de la “Fiscalía Electoral” del Estado de Veracruz para presentar la denuncia correspondiente e iniciar una investigación en contra de las autoridades municipales a quienes acusa del reparto ilegal de despensas con fines electorales en apoyo del C. Delfino Ortega Martínez, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía local.

Un poco más tarde, en un video publicado a través de las redes sociales del ayuntamiento, el presidente municipal, Juan Francisco Hervert Prado, hizo un pronunciamiento oficial en el que, refiriéndose al video -para entonces ya viralizado-, lo calificó de “absolutamente falso y fuera de la realidad”. En su argumentación, el edil peroteño sostuvo que la adquisición y procedencia de las despensas encontradas está legalmente documentada y que eran parte de un programa alimentario promovido desde el inicio de su administración. Como prueba de ello, exhibió tres documentos: el acta 010 con fecha 08/febrero/2021 en la cual se acredita -según el alcalde- la autorización por parte del cabildo; un acuse de recibo extendido por el ORFIS fechado el 25/febrero/2021, y un acta de recibimiento de los productos con fecha 15 de marzo.

Respecto a la ubicación de las despensas, Juan Francisco Hervert Prado dijo que, debido a la veda electoral, la contraloría interna del municipio, después de ordenar a las diferentes áreas la suspensión temporal de su entrega, ordenó también su inmediato traslado a una bodega del antiguo Colegio Militar.

Para la madrugada del viernes 7 de mayo -de acuerdo a información recabada-, elementos de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, llevaron a cabo el decomiso del producto (unas 19 mil despensas, según lo reportado por David Jiménez Rojas, representante de MORENA ante el INE), y el aseguramiento del inmueble mediante la colocación de sellos de seguridad.

A una semana de lo ocurrido, ninguno de los otros aspirantes a hacerse de la presidencia municipal, contrincantes del abanderado #prianista, se ha pronunciado enfáticamente al respecto –o al menos el que esto escribe no se ha enterado de ello-, ¿será que alguno tiene “cola que le pisen” y ha decidido callarse “como momia” para no exponerse a una eventual investigación por el uso indebido de programas sociales como trampolín de su candidatura? La cosa no es para menos. En la modificación al artículo 19 de la Constitución Política, que tuvo su origen en al Cámara de Senadores, en julio de 2020, y que amplía el catálogo de delitos graves, el de uso de programas sociales con fines electorales amerita prisión preventiva oficiosa. Y hay más: en la última reforma a Ley General en Materia de Delitos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2021, en su Artículo 7 BIS, dice: “se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición… “

Pero… no se asusten. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), la distribución de diversos bienes y servicios a los ciudadanos, llevado a cabo por candidatos, partidos o coaliciones, entre los que destacan despensas, tarjetas, tinacos, entre otros, no está considerado como un delito electoral, mientras ello no implique la coacción del voto.
Ahora habría que preguntarse qué es lo que dice la ley en cuanto al suministro de bienes y servicios para propósitos electorales hecho por funcionarios en activo y financiados con recursos del erario público. Sentido común, ¿no creen ustedes?

📰 SENTIDO COMÚN, columna política

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Por Primitivo Montes Aldave

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