EL PRINCIPIO DE PARIDAD VS EL PRINCIPIO DE AUTODERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada primariamente en sus pueblos originarios, quiénes gozan de libre determinación y, en consecuencia, de la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

Por otra parte, tal ordenamiento establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo de los tres niveles de poder, se realizan mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a los que por medio de un partido político o candidatura independiente se accede a los cargos de elección popular.

De ambas premisas podemos concluir que en México existen principalmente dos sistemas de elección: el sistema consuetudinario y el sistema de partidos. Quiénes deben aplicar el principio de paridad, el cual es la regla constitucional para asegurar la participación igualitaria de los hombres y mujeres en los cargos de elección.

Sin embargo, no debemos olvidar que tal principio surgió de la necesidad para hacer que los partidos políticos incluyeran a las mujeres en sus candidaturas. Y si bien este principio ha tomado gran fuerza, y se ha visto reflejado en lo que hoy conocemos como “paridad en todo”, también lo es, que dicho principio debe tener un tratamiento distinto al implementarse en las comunidades y pueblos originarios, pues tal principio debe ser aplicando en relación con otro, es decir, con el “principio de gradualidad” el cual señala que la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo.

Por lo que, al ignorar tal principio e imponer obligatoriamente la paridad en una comunidad originaria, atenta a la libre autodeterminación de los pueblos y

comunidades indígenas, lo que implica una colisión de derechos, por un lado, el principio constitucional de paridad de género y por otro, la libre determinación de las comunidades indígenas.

De ahí, que al estar frente a la resolución de una controversia en la que implique tal colisión, se debe estudiar bajo una perspectiva intercultural y analizar el caso concreto y no de forma sistemática. Y buscar en toda medida, la protección de las mujeres indígenas que buscan acceder a un cargo de elección popular en sus comunidades. Pues la violencia y discriminación que sufren las mujeres en tales comunidades es más constante, amenazante y consentida.

Por tales razones, se actualiza la necesidad de ir poco a poco logrando que el principio de paridad sea aceptado y comprendido en las comunidades indígenas para así lograr que las mujeres participen igualitariamente, sin actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues al imponerse obligatoriamente a una comunidad que la mitad de sus autoridades sean mujeres, puede generar un choque tradicionalista que consigue llegar hasta al feminicidio.

En ese contexto, las elecciones mediante usos y constumbres no debe ser exigible una “paridad total”, sino una paridad más flexible, para así gradualmente logar una paridad constitucional, pues intentar cambiar contundentemente las tradiciones arraigadas y aceptadas en las comunidades, donde los hombres son los únicos que gobiernan, generaría violencia, de ahí, que progresivamente se debe ir visibilizando y empoderando a la mujer originaria en la toma de decisiones de su comunidad.

Por lo tanto, se debe privilegiar el sistema consuetudinario, y paulatinamente lograr una aceptación e implementación de la mujer indígena en la vida política, conforme al principio de gradualidad, para así hacer efectiva la participación política de las mujeres originarias en sus comunidades, sin poner en riesgo su integridad física y la de los suyos.

Por: Cristina Quiros Pedraza

Auxiliar jurídico de la Magistratura “A” del Tribunal Electoral del Estado de Puebla

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