Morena impulsa reforma para revocar la concesión a «Agua de Puebla»

 
2.-El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local José Juan Espinosa Torres, presentó la iniciativa de Reforma Constitucional para darle entrada a la revocación de la concesión del agua a «Agua de Puebla, S.A., de C.V.» que entregó el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas a empresa referida, esto significa que por ley se obligue a la no participación del sector privada en el servicio del agua potable. 
 
En la exposición de motivos el legislador proponente, expuso que ante los incrementos desmedidos del 385 por ciento en el servicio del recurso hidríco y que era insostenible para las familias poblanas pagar esas tarifas, es que la coalición parlamentaria «Juntos Haremos Historia» presentó esta iniciativa que consiste en reformar la fracción sexta del artículo 12 de la Constitución Política del Estado. 
 
Explicó que con esta propuesta se dará marcha a atrás a la concesión del agua, y también se prohíbe la privatización de la Seguridad Pública, dicha iniciativa se turnó a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales; a la de Derechos Humanos y Medio Ambiente.  
 
«Proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre aceptable y asequible, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro», refiere la fracción sexta del Artículo 12 de la Constitución Política del Estado. 
 
Durante el uso de la tribuna, el coordinador del PT explicó que de aprobarse esta reforma se hará realidad la demanda social que tiene que ver con el enojo de los ciudadanos en la capital poblana y la zona metropolitana que tiene que ver con la privatización del agua ante la concesión de un servicio público que tiene que mantenerse en manos de las y los presidentes municipales o de los órganos desconcentrados encargados de brindar este servicio público. 
 
«Hoy en Puebla estamos viendo una mala encarnación del capitalismo, que no es más que el capitalismo para los amigos, el capitalismo de cómplices, el sistema que no se basa en la competencia, o en la innovación, sino en los beneficios al grupo cercano al gobernante», sostuvo. 
 
Agregó que para Puebla ha sido verdaderamente «escandalosa» esta situación ya que en los últimos siete años ha habido un conducta permanente por parte del gobierno del Estado con el objetivo de entregar privilegios de todo tipo a su mismo grupo en el poder y para eso sabemos que en Puebla se concesionó el servicio del agua potable. 
 
«En Puebla se privatizó el agua, esto a través de contratos con información reservada por qué trajo incrementos en las tarifas de hasta un 380 por ciento en el servicio hídrico», puntualizó.
 
Claudia Rivera deberá presentar estudio sobre capacidad financiera 
 
En entrevista posterior a la presentación, José Juan Espinosa Torres, indicó que una vez que se apruebe la reforma Constitucional el Ayuntamiento de Puebla que estará gobernado por la morenista Claudia Rivera Vivanco, tendrá que presentar un estudio sobre su capacidad financiera para conocer sí tiene autosuficiencia para administrar el servicio.
Añadió que de lo contrario se deberá crear un organismo desconcentrado del gobierno municipal con autonomía pública y financiera a fin de garantizar el servicio a las familias poblanas.
 
Ayuntamientos ofrecerán servicio de agua potable 
 
La propuesta al Artículo 12 de la Constitución que presentó José Juan Espinosa Torres, además refiere que los ayuntamientos tendrán a su cargo funciones y servicios públicos siguientes, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciones de sus aguas residuales.
 
El documento indica de igual forma en la fracción tercera que los ayuntamientos podrán concesionar la prestación de los servicios y funciones a los que refiere el artículo con excepción a los mencionados en el párrafo anterior, y en los casos a los que se refiere el inciso h) que tiene que ver son la seguridad  pública. 
 
Por último se incluye dos transitorios, el primero, que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y el segundo, si en los próximos días esta Soberanía aprueba la reforma constitucional, el Congreso lo deberá expedir una nueva ley en la materia en un plazo no mayor a seis meses. 
Por Fernando Castillo

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