Presentación del Plan de Trabajo: Guadalupe Grajales

Me presento ante ustedes en el último día del período de campaña señalado por la Comisión Electoral.

Lamento que la fecha de esta comparecencia sólo ilustre la supresión sistemática del derecho a la información y al libre intercambio de ideas que debió constituir la base de nuestro esfuerzo por hacer llegar a la comunidad universitaria el conjunto de propuestas y de medidas tendientes a mejorar las condiciones en las que se desenvuelve nuestra vida dentro de la universidad.

Quiero decirles que a pesar de la cantidad de obstáculos generados so pretexto de la pandemia, el programa que su servidora ha presentado a la comunidad universitaria no sólo se ha visto enriquecido con sus observaciones, comentarios y propuestas, sino que ha confirmado el diagnóstico del cual parte y ha fortalecido la concepción de universidad basada tanto en el respeto a todos los integrantes y sus tareas, como en el firme propósito de emprender inmediatamente la democratización de las relaciones académicas y políticas existentes.

Centramos nuestro plan en la conceptualización y análisis de los dos grandes sectores que conforman nuestra universidad, los estudiantes y los docentes, que llevan a cabo las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, apoyados por el conjunto de las trabajadoras y trabajadores administrativos.

En el caso de los estudiantes encontramos que nuestras propuestas apuntan a la mejora en sus condiciones de estudio, al propósito de aligerar los trámites administrativos a los que están sujetos y a garantizarles sus derechos políticos.

En cuanto a las condiciones de estudio: suprimir cualquier tipo de cuota, recuperar bibliotecas, salas de lectura y contar con los espacios y equipo necesarios para cursar adecuadamente sus estudios, promover las actividades deportivas, culturales y artísticas como parte de su formación integral, establecer un amplio programa de becas, instalar comedores estudiantiles, hacer efectiva la vinculación con otras universidades nacionales y extranjeras, fomentar las redes de comunicación mediante encuentros, coloquios y congresos, apoyar y sostener la pertenencia de los posgrados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, apoyar la publicación de los resultados de investigación de los estudiantes de posgrado, respetar e incluir a los estudiantes con capacidades diferentes, por mencionar los más sobresalientes.

Un tema que requiere de una revisión a fondo es el relativo a la prestación del servicio social y el internado, en el caso especial de medicina, y el servicio y práctica profesional en el caso de todas las demás carreras.

En este tema relativo a las condiciones de estudio claramente existe una preocupación central: el regreso a clases presenciales.

Aquí encontramos un consenso generalizado: las clases virtuales fueron un recurso ante la emergencia sanitaria, pero no constituyen la forma paradigmática de cursar los estudios universitarios.

Nuestra propuesta es que no se aplique un semáforo para toda la universidad, sino que cada unidad académica y cada sección se atenga a las medidas generales de prevención del contagio por el virus Sars-Cov-2, y que se aplique el semáforo por cada salón de clase.

Por otra parte, así como ya se ha vacunado a todos los trabajadores universitarios, se acuerde con las autoridades sanitarias federales y estatales la vacunación de todos los estudiantes en el rango de los 18 a 30 años, que son todos los del nivel superior, y en cuanto a los del nivel medio superior proceder a su vacunación en cuanto la vacuna esté disponible, contando con la información de las autoridades sanitarias que ubican el riesgo de contagio en una proporción mínima para el caso de los estudiantes de 15 a 17 años.

En cuanto a los trámites administrativos los estudiantes encuentran verdaderos cuellos de botella en el servicio prestado por la Dirección de Administración Escolar en relación con la inscripción en las materias, en la titulación, en la administración de los planes de estudios, y, sobre todo, en la aplicación mecánica del Reglamento de Requisitos y Procedimientos para la Admisión, Permanencia y Trayectoria Académica de los Alumnos de la BUAP.

Este reglamento se ha constituido en el instrumento perfecto para legalizar un tratamiento inhumano y punitivo hacia el alumno.

Como muestra mencionaré dos puntos: no existe la figura del estudiante de medio tiempo pero sí existe la indignante e injusta figura de la baja estudiantil.

No es posible que la universidad, responsable de garantizarle al estudiante su derecho a la educación, lo expulse cercenando así la realización de su proyecto de su vida.

La revisión de este reglamento debe hacerse a la luz de una valoración distinta del alumno universitario que ponga en el centro su derecho a ser respetado y a ser tratado como persona.

En cuanto a sus derechos políticos, el estudiantado clama por el respeto a los procesos de elección de sus representantes, por el derecho a la pluralidad y a la autodeterminación en todas las actividades que sólo al estudiantado competen.

En suma, reivindican su derecho a la libre asociación y a su libertad de elección.

Están decididos a no permitir más que maestros o directivos se inmiscuyan en sus decisiones y a conducir de manera autónoma su organización y actuar políticos.

En el caso del otro gran sector constituido por los docentes, encontramos una petición unánime: tener certeza laboral. Más del 70 % de los cursos dictados en la universidad están a cargo de los profesores hora-clase que, en su enorme mayoría, carecen de definitividad.

Esta falta de certeza laboral ha convertido a los docentes en personas maleables y sujetas a toda clase de presiones por parte de autoridades y funcionarios.

Y no podía ser de otra manera.

Si a esto añadimos los bajos salarios que por décadas han resultado en la disminución alarmante del poder adquisitivo de los docentes, tenemos la fórmula perfecta para desaparecer la posibilidad de que las maestras y los maestros ejerzan sus derechos políticos en cuanto al nombramiento de sus representantes y la elección de las autoridades personales de sus unidades académicas.

La misma falta de certeza laboral ha impedido que la universidad cumpla con su función de garantizar la carrera académica y la profesionalización del docente.

Tenemos un Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico que prescribe una serie de requisitos inalcanzables por la gran mayoría de la planta docente, que no tiene definitividad o plazas de medio tiempo y tiempo completo.

Es claro que este reglamento, de carácter punitivo, sólo ha servido para conculcar el derecho de los docentes para superarse, desarrollar una carrera académica y gozar de las ventajas que le puede ofrecer su pertenencia a la universidad.

De aquí que muchas de nuestras propuestas tengan que ver con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo del docente: transparencia en las convocatorias para obtener definitividades y promociones, asignación de materias que correspondan al perfil del docente, flexibilización en los horarios de clase, eliminar las prácticas coercitivas que condicionan su carga académica, fomentar sus publicaciones y apoyar su asistencia a eventos académicos, garantizar el uso gratuito de los espacios deportivos, culturales y artísticos, respetar la autonomía de las academias, apoyar las redes de investigación a través de encuentros, coloquios y congresos, apoyar a los posgrados para pertenecer al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, atendiendo de manera especial a los posgrados de nueva creación que requieren del apoyo sostenido para consolidarse, fortalecer los vínculos con las universidades y organizaciones nacionales y extranjeras.

En suma, garantizar las condiciones que permitan el desarrollo profesional y el desempeño docente de los académicos.

En la medida en que se garanticen las condiciones de trabajo del docente, en esa misma medida se establecerán las bases para que los docentes ejerzan sus derechos políticos universitarios: elegir libremente a sus representantes ante los organismos colegiados de gobierno y ejercer plenamente su derecho de asociación en organismos sindicales y de carácter académico que consideren indispensables para garantizar sus derechos como gremio.

Es necesario hacer una revisión a fondo del RIPPPA para modificarlo y ajustarlo a una concepción del docente que no lo siente en el banquillo de los acusados, sino por el contrario, le dé su justa dimensión como forjador de la juventud propositiva y crítica que requiere la sociedad que nos sostiene.

En cuanto al personal administrativo, cuya función es fundamental para garantizar la fluidez en la realización de todas las actividades sustantivas de la universidad, existe un clamor por garantizar su certeza laboral y, para lograrlo, debemos suprimir de una vez por todas la subcontratación y basificar a todo el personal en el marco de la Ley Federal del Trabajo y de los contratos colectivos vigentes.

También debemos revisar la equidad en el acceso a las prestaciones a que tienen derecho los administrativos, equidad que se ha visto afectada por la inclusión de un mini contrato colectivo dentro del contrato colectivo, me refiero al Capítulo XVI del contrato firmado con el SITBUAP.
Hay un tema que merece un tratamiento aparte y es el de género.

Es preocupante la denuncia de los actos violentos de tipo sexual, simbólico y político, especialmente en contra de las estudiantes.

Denuncias a las que no se les da seguimiento, sino que por el contrario refuerzan la acción impune de quienes acosan u hostigan a las universitarias. Al respecto nosotros proponemos un gran encuentro entre universitarias y universitarios que genere un diagnóstico colectivo y colegiado de las relaciones de género y que derive en el planteamiento de los problemas y de las soluciones que logren reequilibrar estas relaciones.

Es obvio que la creación de instancias administrativas como la Dirección Institucional de Género y las distintas unidades de género, aparte de las ya existentes como la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Dirección de Acompañamiento Universitario, o la Dirección de Asuntos Estudiantiles en nada han contribuido a la solución de este ingente problema que lacera la convivencia sana y respetuosa entre todos los universitarios.

Ustedes dirán, este conjunto de propuestas puede encontrarse en cualquier plan de trabajo, pues son de sentido común.

Puede que así sea, pero hay dos puntos sobre los que quiero llamar su atención: están en este programa y no en cualquier otro.

Y, sobre todo, están contenidas en un plan de trabajo con una concepción distinta de las personas, de sus derechos y de la universidad que nos alberga.

Esto es lo que hace de nuestro plan de trabajo un plan único.

Y no puede ser de otra manera, puesto que las propuestas aquí presentadas se derivan de un diagnóstico en el que se distingue un estado de cosas prevaleciente imposible de mantener y un modo de conducir a la universidad que tampoco podemos permitir si no queremos caer en la más vil de las abyecciones.

Existe un estado generalizado de violencia ejercida por autoridades y funcionarios en contra de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.

Existe un centralismo absoluto en la toma de decisiones y en la asignación de los recursos financieros a las unidades académicas y administrativas.

Existe un ejercicio absolutamente vertical del poder al grado que las propias autoridades personales han perdido la facultad de nombrar a sus secretarios académicos, de investigación y administrativos, lo que ha hecho de la administración una administración autoritaria, sorda y ciega.

Existe una judicialización de las relaciones administrativas, académicas y políticas entre las y los universitarios.

Los problemas y conflictos ya no se ventilan en los órganos colegiados de gobierno y en las agrupaciones académicas y políticas sino en el mostrador de un ministerio público, y no es cuestión de las personas sino del sistema implantado desde la máxima autoridad personal de la universidad y el aparato que la sostiene.

Existe un proceso de privatización de la universidad pública que no se ha detenido a pesar de los cambios operados en el país a partir de la alternancia en el poder gubernamental.

Existe una legislación universitaria que en lo que respecta al proceso de nombramiento de la máxima autoridad personal está plagada de procedimientos que limitan los derechos políticos y violan el principio de representatividad paritaria que rige la elección democrática de la rectoría de la universidad.

Es el caso del voto de las y los directores.

Si el sector estudiantil, el sector magisterial y el sector de los trabajadores administrativos ya están representados mediante el voto mandatado de sus consejeros universitarios ¿de dónde les viene a las autoridades personales el derecho de votar en nombre de sí mismas, de sus intereses puramente personales?

Hoy se cierra la campaña electoral y puedo decirles con toda certeza que se ha tratado de un proceso plagado de irregularidades y violaciones a la propia legislación universitaria y, sobre todo, a los derechos políticos de información, libre discusión de las ideas, de petición, de trato equitativo y de libre decisión. La prevalencia de una candidatura oficial ha impedido la difusión del plan de trabajo elaborado por una candidatura alternativa como la nuestra.

Hoy los universitarios tenemos mucho que decir y proponer para devolverle el rumbo a nuestra universidad y a la educación púbica en general. Por supuesto que esperamos resultados positivos en las elecciones, pero nuestra mira no está puesta simplemente en un cargo.

Todo lo contrario. Esta sucesión rectoral no es sino el inicio de un gran movimiento de transformación y cambio en el que estamos comprometidos todas las universitarias y los universitarios genuinos.

Comunicado:

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