Diputada María De La Barreda Presenta Iniciativa Para Sancionar Penalmente Los “Arrancones” En La Vía Pública

Con el objetivo de proteger la vida, la integridad y la seguridad vial de la ciudadanía, la diputada María de la Barreda presentó una iniciativa para adicionar el artículo 193 Bis al Código Penal del Estado de Puebla, a fin de sancionar por la vía penal a quienes participen, organicen, convoquen o promuevan competencias de velocidad —conocidas como “arrancones”— realizadas de manera ilegal en vías públicas, cuando con ello se genere un riesgo concreto para terceras personas.

La legisladora subrayó que la problemática ya rebasó el ámbito de las infracciones ordinarias de tránsito. En Puebla, los siniestros viales han mostrado un crecimiento preocupante: reportes periodísticos con base en datos de INEGI señalan que los percances prácticamente se duplicaron entre 2020 y 2024, al pasar de 6,601 a 12,920.

“No es aceptable que una calle, un bulevar o una carretera se conviertan en pista. Cuando alguien decide competir a alta velocidad en vía pública, no solo se expone: expone a todos. Y el Estado no puede esperar a que haya una tragedia para actuar”, expresó.

La diputada enfatizó que, si bien existen operativos y medidas administrativas, la realidad demuestra que resultan insuficientes para disuadir una práctica reiterada y organizada. Tan solo en un reporte oficial reciente del Gobierno de la Ciudad de Puebla, se informó la realización de 274 operativos contra “arrancones” (10 al 24 de noviembre de 2025), con vehículos enviados al depósito y sanciones levantadas, lo que evidencia la recurrencia del fenómeno.

La exposición de motivos también refiere el impacto social de estas conductas: en días recientes se han documentado hechos fatales vinculados a carreras clandestinas en vialidades del estado, lo que refuerza la necesidad de un marco penal preventivo, enfocado en evitar la pérdida de vidas.

La iniciativa plantea que la sanción penal se active únicamente frente a competencias de velocidad ilegales en vía pública, con elementos claros del tipo, y prevé consecuencias proporcionales —incluida la suspensión de la licencia— para inhibir la reincidencia y proteger a terceros.

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